jueves, 6 de abril de 2017

'Me indigna tener que morir en clandestinidad'






Es el título de la noticia, probablemente, más conmovedora que encontramos hoy en el periódico de tirada nacional, El País.

José Antonio Arrabal, un enfermo de ELA, se suicidó el pasado Domingo, aunque fue un suicidio algo peculiar. Todos estaremos pensando en cobardía, miedo a hacer frente a su enfermedad, como en la mayoría de los casos, pero no.
José Antonio lo tenía todo planeado. Su familia saldría esa mañana de casa (uno de los pocos momentos que puede tener en soledad, ya que necesita asistencia para todo por el avanzado estado de la enfermedad) y entonces, grabaría su vídeo de despedida, en el que explica su decisión al juez y trata que su familia no se culpabilice por lo que está a punto de suceder.
Había comprado unos medicamentos por internet que a los pocos minutos de tomárselos, le provocarían una parada cardiorrespistoria. Tenía todo preparado, incluso un libro para leer en el poco tiempo de vida que le quedaría tras ingerir la mezcla de fármacos y con el que incluso bromea, añadiendo que no le dará tiempo de terminarlo.
Añade, que esta decisión la toma ya al ser consciente de que acabará vegetal y del gasto económico que supondría a su familia, para acabar falleciendo igualmente.

A pesar de ello, José Antonio explica que si en vez de tener que ir a Rusia y pagar 12000 euros para un suicidio asistido, hubiera podido llevarlo a cabo aquí, hubiera retrasado el propósito, ya que los medicamentos de los que disponía no le garantizaban las consecuencias que esperaba.
Seguramente sea la eutanasia uno de los grandes debates aún presentes en la actualidad, pero no es para menos. Parémonos, comprobemos los pros y los contras.
El único inconveniente para poner impedimento ante la legalización de la eutanasia, no puede ser más que el cargo moral de la persona que lo consiente. ¿Es realmente esto un motivo válido para no dejar a personas que lo desean morir en paz?  Una persona mayor de edad, que conserva todas sus facultades psíquicas, capaz de razonar, ¿por qué no puede decidir sobre el destino de su vida? ¿Quienes somos nosotros para obligarle a seguir viviendo sin conocer las condiciones en las que este se desenvuelve?
Con la documentación que lo acredita, tras un estudio sobre las condiciones de vida de dicha persona (y su consentimiento, por supuesto) y el material necesario, no ha de ser algo malo, y por tanto, no ha de ser ilegal.

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